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Ecuador: Ley de soberanía alimentaria y constitución: derechos a la vida y la democracia en el campo

Las próximas semanas, e incluso días, son decisivas en el debate sobre los contenidos de la Ley de Soberanía Alimentaria, pues existe el plazo de que hasta febrero próximo deberá estar aprobada; pero a la fecha no están claros los proyectos que se van a discutir. Por eso es importante clarificar cuáles son los marcos generales y contextos que rodean a este debate.

¿AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA?

En esencia se trata sobre la democratización en el campo; si la tendencia de cambio que se vive en el Ecuador logra penetrar las duras, prolongadas y complejas estructuras de inequidad y exclusión que rodean las condiciones de los/as campesinos/as. La cuestión es si un cuerpo jurídico – político, asumido como la carta magna y aprobado en referéndum con el 64% de la votación, y que lleva un contenido claramente anti – neoliberal, se traduce hacia una democratización amplia en la producción, comercialización, distribución y acceso a los alimentos, lo cual tiene que ver con condiciones de largo, mediano y corto plazo en los sectores campesinos y urbanos.

Se ha dicho con verdad que en la raíz de los procesos sociales y políticos que viven nuestros países se encuentra la defensa de la vida del conjunto de la población y la nación, pues la continuidad de las políticas de la totalización del mercado traen aparejado la perspectiva de muerte para la mayoría de la población, y esto es aún mas verdadero para los y las habitantes de las zonas rurales.

Si no hay cambios profundos en las condiciones de la reproducción social de las poblaciones campesinas, el futuro en los años futuros es la desestructuración total de las agriculturas campesinas.

El neoliberalismo se ensañó con la producción rural, desde sus inicios, con la primera carta de intención con el Banco Mundial, se fue desmontando sistemáticamente las instancias estatales que intervenían a favor de los campesinos y la producción de alimentos, el mercado total implicó el reinado de las agroempresas, especialmente de las orientadas hacia la exportación.

LA CONSTITUCION MARCA LOS CAMINOS PARA LOS CONTENIDOS DE LA LEY.

La segunda cuestión se refiere a la concretización de los contenidos de la Constitución del 2008, se trata de saber si quedará como letra muerta o si en verdad es el norte hacia el cual se orientan los contenidos de la nueva legislación.

El tema de la soberanía alimentaria es tratado en la Constitución en dos títulos: i) en el referido a los Derechos de los y las ecuatorianos/as; y, ii) en el referido al Régimen de Desarrollo. Esto quiere decir que está íntimamente ligado, por un lado, a los conceptos del buen vivir o sumak kawsay; y por otro, al del sistema económico social y solidario.

El artículo 13 de la Constitución dice: “las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria”.

Este texto constitucional relaciona directamente el derecho a la alimentación con las condiciones productivas y culturales de las agriculturas campesinas, a la par que plantea recuperar un rol trascendente del Estado.

El artículo 281 es aún mas claro al respecto, cuando dice: “la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente”.

Pero no se limita a ello, sino que a continuación precisa esa responsabilidad estatal: “1) impulsar la producción, transformación agroalimentaria de las pequeñas y medianas unidades de producción; 2) las políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan el sector agroalimentario; 3) fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas; 4) políticas redistributivas de la tierra y agua; 5) mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y medianos productores, facilitándoles la adquisición de medios de producción”; y así hasta establecer catorce obligaciones.

El rol de estado, controlando al mercado, implica una orientación clara a favor de la pequeña y mediana producción campesina, sabiendo que eso implica, por un lado afectar condiciones estructurales, como la de implementar políticas públicas que impulsen la redistribución de tierra y agua, o auspiciar la introducción de formas tecnológicas diferentes a las dominantes; y por otro lado, incidir de inmediato, en el corto y mediano plazo con políticas fiscales, tributarias y arancelarias directas para incentivar la producción de alimentos.

El artículo 282 insiste en enfrentar los temas estructurales que rodean la producción alimentaria, cuando dice: “el Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y ambiental;… se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento y privatización del agua”.

Este es uno de los aportes de la Constitución del 2008, al unir el debate antiguo de la función social y ambiental de la propiedad, con el debate presente de la soberanía alimentaria; y a ambos con el acceso a la tierra.

Aquí está uno de los desafíos para los legisladores, por lo cual el tema de la tenencia de la tierra no puede quedar reducido al mecanismo del fondo de tierras, lo implica, pero su contenido va más alla, lo trasciende.

Por si el contenido de la soberanía alimentaria quedará todavía confuso, vuelve a ser asumido en el artículo 284, luego de proclamar que el sistema económico es social y solidario y el reconocimiento del ser humano como sujeto y fin del mismo.

Con todo lo indicado, es justo aspirar a una Ley de Soberanía Alimentaria que abra las puertas a transformaciones radicales y profundas en el campo, y que no se limite a reciclar y maquillar el Plan Agrario de Alfredo Palacio, conocido como el plan Rizzo, en nombre del ministro ya fallecido. Es decir, que no sea capaz de romper con el pasado de un modelo de reprimarización exportadora.

Publicado en Economía

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